Ampas contra el recorte escolar
Más de 300 personas exigen al Consell y al ayuntamiento que no suprima 34 aulas en Castelló
NACHO MARTÍN CASTELLÓ La plaza Mayor fue ayer escenario de una nueva protesta con tintes de carnaval contra el recorte de 34 unidades educativas en la provincia de Castelló y reunió las voces de más de 300 representantes de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas), sindicatos y vecinos de la capital de la Plana.
La movilización comenzó a las puertas de los distintos colegios de la ciudad en los que la Generalitat ha impuesto la supresión de aulas, algunos de los cuales temen incluso por la desaparición del centro a corto plazo: Bisbe Climent, Blasco Ibáñez, Herrero, Armelles, Mestre Canós, Sanchís Yago y l'Illa. 197222Posteriormente, las diferentes concentraciones se reunieron en la plaza Mayor creando un círculo con el que representaron su unidad contra la política de la Generalitat Valenciana y su deseo de abrir vías de diálogo ante lo que consideran un ataque al sistema de enseñanza pública.
Al frente de la protesta se apostaron la presidenta de la Federación de Ampas de Castelló (Fapa-Penyagolosa) y representantes de los sindicatos mayoritarios (Stepv, UGT y Comisiones Obreras), que han unido fuerzas para plantar cara a la política del Consell.
Con telón de fondo emergía la silueta del ayuntamiento, contra el que las familias también lanzaron críticas por lo que consideran una falta de apoyo a las necesidades de los castellonenses y por el incumplimiento del compromiso de mantener la unidad de infantil del Mestre Canós.
Otra de las críticas más reiteradas se centro en la financiación de los centros privados concertados con fondos públicos mientras se eliminan aulas públicas.
Fapa-Penyagolosa y los sindicatos esgrimen que, el próximo curso, la Generalitat Valenciana eliminará 34 unidades educativas y 48 docentes en los colegios públicos de la provincia de Castelló «por el descenso de la natalidad», pero no suprimirá ningún aula en centros privados concertados de Castelló y seguirá financiándolos con 50 millones de euros al año pese al supuesto exceso de plazas en el sistema público.
Los 50 millones de euros que destina la Generalitat a centros concertados en la provincia de Castelló se distribuyen en subvenciones a 40 centros educativos privados y un total de 691 unidades educativas, que según Ampas y sindicatos generan una duplicidad de oferta innecesaria.
La movilización comenzó a las puertas de los distintos colegios de la ciudad en los que la Generalitat ha impuesto la supresión de aulas, algunos de los cuales temen incluso por la desaparición del centro a corto plazo: Bisbe Climent, Blasco Ibáñez, Herrero, Armelles, Mestre Canós, Sanchís Yago y l'Illa. 197222Posteriormente, las diferentes concentraciones se reunieron en la plaza Mayor creando un círculo con el que representaron su unidad contra la política de la Generalitat Valenciana y su deseo de abrir vías de diálogo ante lo que consideran un ataque al sistema de enseñanza pública.
Al frente de la protesta se apostaron la presidenta de la Federación de Ampas de Castelló (Fapa-Penyagolosa) y representantes de los sindicatos mayoritarios (Stepv, UGT y Comisiones Obreras), que han unido fuerzas para plantar cara a la política del Consell.
Con telón de fondo emergía la silueta del ayuntamiento, contra el que las familias también lanzaron críticas por lo que consideran una falta de apoyo a las necesidades de los castellonenses y por el incumplimiento del compromiso de mantener la unidad de infantil del Mestre Canós.
Otra de las críticas más reiteradas se centro en la financiación de los centros privados concertados con fondos públicos mientras se eliminan aulas públicas.
Fapa-Penyagolosa y los sindicatos esgrimen que, el próximo curso, la Generalitat Valenciana eliminará 34 unidades educativas y 48 docentes en los colegios públicos de la provincia de Castelló «por el descenso de la natalidad», pero no suprimirá ningún aula en centros privados concertados de Castelló y seguirá financiándolos con 50 millones de euros al año pese al supuesto exceso de plazas en el sistema público.
Los 50 millones de euros que destina la Generalitat a centros concertados en la provincia de Castelló se distribuyen en subvenciones a 40 centros educativos privados y un total de 691 unidades educativas, que según Ampas y sindicatos generan una duplicidad de oferta innecesaria.
